Publicado originalmente en catalán en The Conversation el 9 de noviembre de 2026.
Cada ciudadano se orienta en política con una brújula propia, formada por valores, intereses y experiencias. ¿Qué ocurre cuando el partido al que suele votar retira sus candidatos para favorecer a otro? Las últimas semanas han redibujado el mapa por el que se mueven esas brújulas.
El 16 de octubre, el PSOE y las formaciones del Frente Amplio (entre ellas IU, Sumar y Más Madrid), junto con otras fuerzas, acordaron presentarse al Senado en 43 provincias bajo el nombre de Senado de Progreso. Diez días después, el PP y Vox anunciaron su propio pacto, presentado como respuesta a la alianza de la izquierda. Al día siguiente, el PSC y los Comuns acordaron concentrar candidaturas en Girona, Tarragona y Lleida. De cara a las elecciones del 29 de noviembre, las opciones de voto ya han cambiado.
Los bloques se alejan mientras los partidos que los integran encuentran motivos para acercarse. Negocian, ceden posiciones y comparten candidaturas en medio de discursos que endurecen la confrontación.
La cooperación se ha convertido en una de las expresiones más visibles de la competencia por el poder.
Las reglas electorales explican parte del fenómeno. En las provincias peninsulares se eligen cuatro senadores y cada elector marca hasta tres nombres: la candidatura más votada suele obtener tres escaños y la segunda, uno. Concentrar apoyos puede alterar el reparto. Sona Nadenichek Golder encontró, en un estudio de veinte democracias parlamentarias, que la proximidad ideológica, la polarización y determinadas reglas electorales favorecen las coaliciones preelectorales.
La psicología social añade una consecuencia menos intuitiva. Según una revisión sobre cooperación y conflicto entre grupos de Carsten de Dreu y sus colaboradores, ciertos mecanismos que refuerzan la confianza dentro de un grupo pueden intensificar el enfrentamiento con los demás. Cooperar con los nuestros puede convertirnos en adversarios más organizados. Es un mecanismo distinto del cálculo electoral, pero ayuda a entender cómo conviven la cohesión interna y la confrontación externa.
Fuera de España, Serbia ofrece otra perspectiva.
El interés está en comparar mecanismos, manteniendo las distancias entre regímenes: qué permite que la cooperación vaya más allá del propio bloque. Las protestas por el derrumbe de la marquesina de la estación de Novi Sad, que causó dieciséis muertos, dieron paso a un movimiento estudiantil con apoyos ideológicamente diversos frente al poder de Aleksandar Vučić y su partido, que llevaban más de una década gobernando. El 25 de octubre, la Lista Estudiantil obtuvo el 53,01 % de los votos, según el escrutinio completo difundido el 2 de noviembre por la comisión electoral. La proyección de escaños le atribuía 140 de los 250, según el reparto publicado entonces. La coalición opositora Narodna Srbija había retirado su candidatura para apoyarla.
El contexto serbio, marcado por el autoritarismo competitivo (un régimen que celebra elecciones, pero en condiciones desiguales), es profundamente diferente del español. Allí también había un adversario común. La diferencia está en el alcance de la cooperación: el movimiento conectó con votantes favorables y contrarios a la integración europea. Un estudio de Dušan Vučićević y Nikola Jović, publicado antes de las elecciones, identifica como factores de esa convergencia el carácter apartidista, la organización participativa y las demandas de integridad institucional. Votantes con brújulas muy diferentes encontraron un mismo norte. Queda por ver si esta convergencia resiste la tarea de gobernar.
¿Por qué algunos objetivos atraviesan las fronteras políticas y otros las refuerzan? El marco ECOOPx, desarrollado por el centro de investigación G-LAB-2B para analizar la cooperación en situaciones de crisis y conflicto, propone dos nociones útiles para entenderlo: la urgencia, que impulsa a coordinarse ante plazos decisivos, y la resonancia, que indica hasta dónde llegan las preocupaciones compartidas y a quiénes movilizan.
Desde esta perspectiva, los pactos españoles responden sobre todo a la urgencia electoral y buscan movilizar a electorados afines. En Serbia, la urgencia surgió de la crisis institucional, y las demandas de justicia y responsabilidad resonaron más allá de las divisiones ideológicas. Quizá la cooperación llegue más lejos cuando defiende algo que también importa a quienes piensan distinto. Para que perdure, hacen falta después confianza y capacidad para gestionar las discrepancias.
Las alianzas también modifican la información necesaria para votar.
En Girona o Tarragona, un votante habitual del PP verá que su partido ha retirado las candidaturas al Senado para favorecer a Vox. En estas provincias y en Lleida, los Comuns han hecho lo mismo en favor del PSC, y los socialistas se han comprometido a facilitar que el Parlament designe a un senador autonómico a propuesta de los Comuns. En Valencia y Cádiz, dos de las seis provincias en las que Vox se retira, la formación ha propuesto candidatos que figuran como «independientes» en las listas del PP; algunos han ocupado cargos en Vox o han trabajado para el partido.
Los pactos superpuestos crean una niebla informativa para el ciudadano.
Las siglas de la papeleta no bastan para saber quién propone a cada candidato, qué concesiones se han negociado y a quién se pueden exigir responsabilidades. Cuanto más complejas son las alianzas, más valor adquiere la transparencia. Su solidez se pondrá a prueba después del 29N, cuando los socios tengan que resolver desacuerdos y cumplir lo pactado.
Los tres quintos del Senado condensan la paradoja. Esta mayoría es necesaria para proponer a cuatro de los doce magistrados del Tribunal Constitucional, que decide, entre otras cosas, si las leyes respetan la Constitución. En un Senado polarizado, los partidos tienen incentivos para sumar aliados hasta alcanzarla o, al menos, superar los dos quintos y conservar capacidad de bloqueo. La coordinación entre afines refuerza ambas posiciones, pero si ningún bloque alcanza por sí solo los tres quintos, será necesario buscar apoyos más allá del propio bloque. La polarización, por tanto, redistribuye los incentivos para cooperar: los refuerza entre quienes ya se sienten próximos y dificulta los acuerdos entre adversarios.
Los pactos electorales muestran que los partidos saben cooperar para competir por el poder. El reto democrático consiste en trasladar esa capacidad a la resolución de problemas compartidos y a acuerdos que sirvan a los ciudadanos, incluso cuando sea necesario entenderse con los adversarios políticos. España conoce ese camino: en 1977, con la democracia aún por consolidar y en plena crisis económica, los Pactos de la Moncloa reunieron al Gobierno y a los principales partidos en torno a objetivos que ninguno podía alcanzar por sí solo. Cada ciudadano conserva su brújula y comparte el territorio con quienes se orientan de otra manera.
¿Qué tendría que cambiar para que cooperar con quienes piensan diferente resultara tan atractivo como cooperar contra ellos?
Tal vez no haría falta mucho: que el adversario dejara de ser un enemigo y volviera a ser un interlocutor. Que un acuerdo se midiera por lo que resuelve, no por a quién deja fuera. Y que el ciudadano supiera qué vota. Lo demás son escaños.

